La jornada en la que han declarado cinco de los diez últimos empresarios imputados por el juez Pablo Ruz dentro del ‘caso de los papeles de Bárcenas’ no deparó sorpresas en los testimonios prestados (todos negaron haber efectuado las donaciones que reflejan las anotaciones contables del extesorero), pero sí con el contenido de un escrito remitido por el Registro Público de Contratos. Según fuentes jurídicas, un documento enviado recientemente a la Audiencia Nacional por este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda afirma que laconstructora Cyopsa-Sicosia no ha recibido ninguna adjudicación pública en el periodo investigado. Sin embargo, tanto las copias del BOE aportada a la causa por una de las acusaciones. la que ejerce IU, como el propio presidente de la compañía, Camilo José Alcalá, que declaraba este miércoles como imputado, han confirmado que sí resultó beneficiado por contratos de la Administración por un valor superior a los 130 millones de euros. Todos ellos se situaban en fechas próximas a las supuestas donaciones reflejadas en los apuntes contables del extesorero.
En concreto, los ‘papeles de Bárcenas’ señalan al dueño de Cyopsa-Sicosia como el presunto autor dedos entregas en 2003, una en febrero y otra en diciembre, por un total de 150.000 euros. Tan sólo un mes antes de la primera de estas supuestas donaciones, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Turismo de España, adjudicaba a la mercantil bajo sospecha un contrato “negociado sin publicidad” de obras complementarias a la ejecución del nuevo Parador de Limpias, en Cantabria. Dos meses después, y cuando ya se había realizado supuestamente esa primera entrega reflejada en los apuntes contables, la Secretaria de Estado de Infraestructura contrató con Cyopsa-Sicosia la ejecución del tramo entre Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía Levante-Aragón-Somport. Este contrato tenía un importe de más de 71 millones de euros.
Los otros tres contratos bajo sospecha que Hacienda no ha conseguido localizar se adjudicaron en fechas cercanas a la supuesta entrega de diciembre de 2003. El primero fue la adjudicación en septiembre de quel año por parte Dirección General de Carreteras del contrato de obras para dos puntos kilométricos de la variante de Salas de los Infantes de la CN-234 que une Sagunto y Burgos. El importe fue de 4 millones de euros. En septiembre, este mismo organismo de la Secretaría de Estado de Infraestructura le concedió un nuevo contrato, en este caso en un tramo de la Autovía de Castilla a su paso por la provincia de Salamanca. Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas le adjudicó en noviembre las obras complementarias de reparación de un canal en Huesca. Unos trabajos que reportaron a la empresa un millón de euros.
‘Baile’ de letras
Camilo José Alcalá fue el tercero en declarar ante el magistrado en una mañana en la que también prestaron testimonio otros cuatro empresarios acusados de realizar donaciones irregulares al PP. Todos negaron dichas entregas de dinero. No fue la única línea de defensa. Así, el propio Alcalá se escudó en el ‘baile’ de una letra en las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas para asegurar que no era él quien aparecía en dichos papeles como donante de los 150.000 euros en fechas próximas a los cinco contratos ‘extraviados’. “Es una casualidad cacofónica”, afirmó aprovechando que en los apuntes contables junto a su nombre de pila figuraba la denominación Sisovia y no Sisocia, la segunda parte del nombre comercial de su compañía. Una ‘v’ por una ‘c’ que convirtió en su principal defensa para mantener que él no es la persona que aparece como autor de dichas entregas. Alcalá incluso negó conocer personalmente a Bárcenas, a Lapuerta y a ningún otro dirigente del PP, ni tan siquiera haber estado en la sede de la calle Génova.
Otro de los empresarios que ha alegado este miércoles ‘bailes’ de letras para intentar exculparse fue Cecilio Sánchez, alto cargo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que figuraba en un apunte de enero de 2000 como el supuesto donante de 5 millones de pesetas (30.000 euros). Bárcenas, quien en la declaración del pasado 15 de julio en la que reconoció la autoría de los ‘papeles’ llegó a señalarle expresamente como uno de los donantes que no les visitaba “habitualmente”, lo había reflejado en sus apuntes contables como ‘Celicio San”. El error en el nombre y el apellido incompleto fue el principal argumento de un empresario que sólo admitió conocer al extesorero de haber tomado “dos o tres veces” un café en locales públicos.
Nadie conoce a nadie
Además de estos dos, también declararon ante Ruz otros tres empresarios. El primero fue Rafael Palencia, presidente de Degreamont Iberica, filial de dos compañías francesas dedicadas al tratamiento de aguas y el saneamiento. Las referencias a Palencia en la documentación contable del extesorero del PP son abundantes y le señalan como el supuesto autor de seis entregas irregulares de dinero por un total de 146.000 euros. Sin embargo, el empresario negó ninguno de estos pagos y aseguró que ni siquiera conocía a Bárcenas ni Lapuerta.
El cuarto empresario en declarar fue José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo. A este industrial leridano, los apuntes contables del extesorero le señalan como supuesto donante de 54.000 euros en 2004 destinados presuntamente a financiar la campaña electoral de ese año del diputado del PP por su provincia José Ignacio Llorens. Romero Polo sí admitió conocer a los dos responsables de las finanzas del PP, a quienes se los presentaron en una conferencia que dio José María Aznar a empresarios, aunque no supo concretar la fecha, además de haber coincidido con ellos en actos, algunos de ellos “electorales”. Sobre el parlamentario leridano, reconoció que a veces se encontraba con él en las calles de la ciudad catalana porque ésta “es pequeña”. El empresario, que negó rotundamente la entrega de dinero al PP, no supo explicar sin embargo porqué en 2003 y 2004, cuando supuestamente realizó dichas donaciones, recibió contratos públicos y al año siguiente, en los que ya no figuran donaciones a su nombre, no recibió ninguna adjudicación.
El último en comparecer ante el juez Ruz fue Antonio Pinal Gil, presidente del grupo Bruesa. Pinal fue el único que se negó a responder a las cuestiones que iban a plantearle el juez y la Fiscalía, y se limitó a asegurar a preguntas de su abogado defensor que no había realizado ningún pago al PP y que sólo conocía a Bárcenas de un acto en el Hotel Ritz de Madrid. En los apuntes contables del tesorero, este empresario figura, sin embargo, como autor de la entrega de 24.000 euros en 2006. La acusación de IU destaca en la ampliación de querella que propició su imputación que dichas entregas coincidieron con la concesión a su mercantil de contratos para la construcción de una autovía en Aragón y para la explotación de viviendas de protección pública en esta misma comunidad autónoma y Madrid.
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